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¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad (regulada actualmente dentro del Texto Refundido de la Ley Concursal) permite a personas físicas —particulares y autónomos— que se encuentran en una situación de insolvencia cancelar total o parcialmente sus deudas, siempre que actúen de buena fe y cumplan una serie de requisitos legales.

¿Quién puede acogerse?

Pueden solicitarlo tanto consumidores como autónomos, siempre que no hayan sido condenados por delitos patrimoniales, contra el orden socioeconómico o falsedad documental en los últimos diez años, y que actúen con buena fe: intentando llegar a acuerdos con los acreedores antes de acudir al procedimiento judicial.

Fases del procedimiento

El proceso suele comenzar con un intento de acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores. Si no se alcanza, se acude al concurso de acreedores (concurso consecutivo), tras el cual puede solicitarse la exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI), que es, en la práctica, la cancelación de las deudas que no hayan podido pagarse con el patrimonio del deudor.

Qué deudas quedan fuera

No todas las deudas pueden exonerarse: las pensiones de alimentos, algunas deudas de derecho público y las derivadas de delito, entre otras, tienen un tratamiento distinto y en muchos casos no se cancelan.

Antes de empezar

Cada situación patrimonial es distinta, por lo que conviene hacer un estudio previo de viabilidad antes de iniciar cualquier trámite, valorando el tipo de deudas, el patrimonio disponible y los plazos previsibles del procedimiento.

El criterio principal: el interés superior del menor

En cualquier proceso de separación o divorcio con hijos menores, la decisión sobre la custodia se toma siempre en función del interés superior del menor, por encima de las preferencias de los progenitores.

Acuerdo entre progenitores o decisión judicial

Cuando los progenitores llegan a un acuerdo, este se recoge en el convenio regulador y, salvo que perjudique al menor, suele ser homologado por el juzgado. Si no hay acuerdo, es el juez quien decide, tras oír al Ministerio Fiscal y, si procede, al propio menor y a los equipos psicosociales.

Qué factores valora el juez

Entre otros aspectos, se tienen en cuenta la edad de los menores, su arraigo social y escolar, la disponibilidad y flexibilidad horaria de cada progenitor, la relación previa de cada uno con los hijos y, cuando existe, el informe psicosocial elaborado por el equipo técnico del juzgado.

Custodia compartida frente a custodia monoparental

La custodia compartida implica un reparto equilibrado del tiempo de convivencia entre ambos progenitores. La custodia monoparental, con un régimen de visitas amplio para el otro progenitor, puede ser más adecuada cuando existen circunstancias que dificultan el reparto igualitario, como la distancia entre domicilios o problemas de comunicación graves entre los progenitores.

Modificación de medidas

El régimen de custodia no es inamovible: si cambian de forma sustancial las circunstancias (traslado de domicilio, cambios laborales, etc.), puede solicitarse una modificación de medidas ante el juzgado.

Un procedimiento distinto al de los adultos

La responsabilidad penal de los menores de edad (entre 14 y 17 años) se regula por una ley específica, la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, con un procedimiento y unas medidas propias, orientadas al carácter educativo y no solo sancionador.

El papel de la Fiscalía de Menores

A diferencia del proceso penal de adultos, es la Fiscalía de Menores quien dirige la instrucción del expediente, con el control del Juzgado de Menores. Los menores de 14 años no pueden ser declarados responsables penalmente, sin perjuicio de que puedan intervenir los servicios de protección de menores.

Qué hacer si citan a mi hijo a declarar

Desde la primera citación de la Fiscalía o la policía, el menor tiene derecho a asistencia letrada y a la presencia de sus representantes legales. Es importante no acudir a ninguna declaración sin abogado, aunque la citación se presente como un mero trámite.

Posibles medidas

Si finalmente se aprecia responsabilidad, las medidas pueden ir desde amonestaciones, prestaciones en beneficio de la comunidad o libertad vigilada, hasta el internamiento en centros específicos en los casos más graves, siempre orientadas a la reeducación del menor.

El papel de la familia

El acompañamiento de la familia durante todo el proceso es fundamental, tanto para el propio menor como para entender y colaborar con las medidas que, en su caso, se impongan.